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Por Astrid Peraza, becaria del programa Jóvenes en los Ecosistemas, y Baruch Aguilar Mena, 2025 Ocean Restoration Steward
Aunque la COP30 haya quedado atrás, la lucha diaria de los defensores del medio ambiente continúa en todo el mundo, incluso fuera del foco de atención mediática.
La justicia climática debe ser un pilar fundamental del desarrollo y estar en el centro de las conversaciones sobre política medioambiental. Al fin y al cabo, ¿en qué mundo viviremos si no cuidamos nuestro planeta hoy?
Eso significa que hay que proporcionar a los jóvenes las herramientas que necesitan para librar sus batallas. En América Latina y el Caribe, un tratado internacional podría ser parte de la respuesta.
El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional de América Latina y el Caribe cuyo objetivo es garantizar el acceso público a la información medioambiental y la participación en la toma de decisiones medioambientales en los 33 países de la región.
Este acuerdo es también el primer instrumento jurídico internacional sobre ecocidio e incluye disposiciones para proteger a los defensores del medio ambiente.
En el momento de redactar este informe, 18 países han firmado y ratificado el acuerdo. Otros siete países lo han firmado pero aún no lo han ratificado, entre ellos Brasil, anfitrión de la COP30.
El acuerdo aún no se ha aplicado plenamente en ninguna parte. Se espera que los países hayan creado hojas de ruta para la aplicación antes de que se celebren nuevos debates en la cuarta reunión del acuerdo (COP4), que tendrá lugar en Santiago de Chile en abril de 2026.
Aunque la fuerza de este acuerdo aún no se ha dejado sentir, aquí te explicamos por qué a nosotros, dos defensores del medio ambiente de la región, nos importa profundamente y mantenemos la esperanza.
Me llamo Astrid y me dedico a la restauración de manglares en Costa Rica.
Crecí entre el ritmo de las mareas y la ira de las tormentas tropicales en la ciudad de Puntarenas, una pequeña ciudad de la costa pacífica de Costa Rica.
“Chacarita de Puntarenas es una comunidad marcada por las consecuencias de la crisis climática y social”, dice Ariel Solano, ingeniero en biosistemas y activista de la Alianza Escazú, oriundo de la misma ciudad que yo.
“Es una comunidad muy vulnerable, con niveles muy altos de pobreza, desempleo e inseguridad, probablemente de los más altos de Costa Rica. El hecho de haber crecido en esta comunidad me hizo vivir en primera persona las consecuencias de la crisis climática”.
En septiembre, más de 130 líderes de toda América Latina que trabajan en la intersección entre el clima y la justicia social se reunieron en un Campamento por la Justicia Climática en Tepoztlán, México, organizado por Roots.
Allí conocimos a jóvenes líderes de toda la región que compartieron sus experiencias sobre cómo el calentamiento del clima está afectando a sus comunidades. También vimos y sentimos cómo los jóvenes ejercían su poder con gran determinación en la primera línea de esta crisis.
Solano menciona innumerables ejemplos de cómo el cambio climático está afectando a las comunidades costeras de Costa Rica, desde la subida del nivel del mar y los estuarios y tormentas más intensas hasta las dificultades de los pescadores, que ya no pueden contar con capturas constantes para alimentar a sus familias.
“Para mí, la justicia climática es un conjunto de principios éticos y políticos que unen la lucha contra la crisis climática con principios como la redistribución del poder, la conciencia de clase, la reparación de daños históricos y la garantía de los derechos humanos, poniendo en el centro a las personas y comunidades más vulnerables”, afirma Solano.
“La justicia climática consiste en reconocer que la explotación medioambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero no son neutrales. Podemos reconocer las relaciones de poder y la opresión que hay en ellas”.
En Costa Rica, las conversaciones sobre justicia climática no pueden separarse del Acuerdo de Escazú, que lleva el nombre del suburbio donde se adoptó por primera vez.
Aunque Costa Rica fue uno de los principales promotores del acuerdo y acogió su firma, el Presidente Rodrigo Chaves ha dicho que no lo ratificará, argumentando que perjudicará a la economía. Muchos esperan que las elecciones del próximo año aporten una perspectiva diferente.
“Aunque fuimos uno de los países que lideró las negociaciones, el acuerdo no se está aplicando en absoluto”, afirma Camila Marín, estudiante de Derecho con especialización en Derecho Ambiental y miembro del equipo de la Alianza de Escazú.
“Hay algunas leyes que garantizan el acceso a la información pública, pero no específicamente en materia ambiental y, sobre todo, no tenemos una legislación que proteja a los defensores del medio ambiente. En ese sentido, el pueblo costarricense sigue desprotegido”.
Más allá del marco legal, Marín apunta a un problema estructural: la centralización de las decisiones medioambientales.
“Históricamente, las políticas se han elaborado desde la capital, sin la participación de quienes viven en primera persona las emergencias climáticas”, afirmó Marín. “Así, se aprueban leyes descontextualizadas que no reflejan las realidades locales”.
Este vacío participativo es precisamente lo que el acuerdo podría corregir: garantizar que las comunidades tengan una voz activa en las decisiones que las afectan y que las políticas públicas se construyan desde la diversidad del país.
En toda América Latina y el Caribe existe una enorme desconexión entre las circunstancias locales y las decisiones nacionales.
Necesitamos que la participación ambiental, tal y como promueve el Acuerdo de Escazú, no se quede en el papel, sino que se materialice en todos los ámbitos en los que las comunidades se están viendo afectadas por la crisis climática.
Desde 2020, cuando los costarricenses iniciamos la lucha para que nuestro país ratificara el Acuerdo de Escazú, nuestro sueño colectivo ha sido garantizar el acceso de nuestras comunidades más vulnerables a un ambiente sano.
Queremos asegurarnos de que no nos despertaremos un día para ver nuestros ecosistemas privatizados, sin haber tenido nunca voz ni voto.
Nuestro sueño es alcanzar las aspiraciones más profundas del acuerdo: convertir la participación en práctica viva, donde las políticas medioambientales sean colectivas, justas y nazcan de las bases.
Soy Baruch Aguilar y estoy restaurando dunas costeras en México.
México fue uno de los primeros países en firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú, mostrando al mundo su voluntad política de garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental.
En la práctica, sin embargo, su aplicación ha sufrido algunos contratiempos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de México ha creado un grupo de trabajo para aplicar el acuerdo y sigue revisando los cambios en la legislación nacional.
Por ahora, las comunidades locales, especialmente las de zonas remotas, siguen teniendo vetado estructuralmente el ejercicio de sus derechos a la información pública y a la justicia medioambiental.
En los últimos años, el país ha impulsado megaproyectos energéticos y de infraestructuras, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y la ampliación de las refinerías de petróleo, con el argumento de que impulsarán el desarrollo económico y el bienestar social.
Pero muchos de estos proyectos se aprobaron sin procesos de consulta adecuados y sin transparencia. Como resultado, han dejado graves impactos en nuestros ecosistemas, incluyendo la selva baja, los acuíferos y los cenotes.
Cuando el Acuerdo de Escazú se haya aplicado plenamente, creo que los proyectos de desarrollo se llevarán a cabo de forma más equitativa y tendrán repercusiones beneficiosas para las comunidades implicadas.
Desde una perspectiva ecológica y medioambiental, creo que las consultas con los científicos de la región y los miembros de la comunidad local darán como resultado mejores formas de mitigar los impactos y aplicar medidas de restauración respetando el bienestar local.
En Sisal, donde vivo, y en todas las comunidades mayas de la península de Yucatán, las comunidades han alzado la voz en defensa del agua, los cenotes y la selva, que son el sustento de la vida en la región.
La construcción del Tren Maya ha desencadenado una serie de conflictos medioambientales relacionados con la deforestación, la fragmentación del hábitat y la contaminación de los acuíferos subterráneos.
Estos efectos han llevado a colectivos y organizaciones locales a exigir que las empresas compartan de forma transparente los impactos ambientales de sus actividades, tal y como se recoge en el Acuerdo de Escazú.
México es uno de los únicos siete países que han realizado progresos significativos en la planificación de la aplicación del acuerdo.
Sin embargo, también encarna las tensiones que persisten en toda la región: a pesar de su sólido marco jurídico y su discurso progresista, la justicia climática y medioambiental sigue dependiendo en gran medida de la sociedad civil y la resistencia local.
Nuestra gente quiere oportunidades de desarrollo y crecimiento económico mediante el uso responsable de nuestros recursos, sin verse desplazada por las empresas o la industria turística.
En Sisal, la principal actividad económica sigue siendo la pesca artesanal, siendo los recursos pesqueros más importantes el pulpo, la langosta y los peces de aleta.
Sin embargo, en la década de 1990, el gobierno mexicano promovió altos niveles de pesca sin una regulación eficaz. Esto, unido a una mayor demanda de alimentos y exportaciones, alimentó un aumento de la pesca ilegal que puso a prueba las poblaciones de peces y la salud marina.
Ahora, muchos habitantes de Sisal se dedican a otras actividades económicas, como el ecoturismo y oficios tradicionales como la albañilería y la fontanería.
Por medio de la aplicación del Acuerdo de Escazú y la consulta a los pescadores locales, podríamos elaborar políticas más firmes para regular la actividad económica y hacer que la pesca vuelva a ser un medio de vida fiable.
Sueño con una visión compartida e integrada de la playa, el mar y las comunidades locales en la que las personas puedan beneficiarse de la naturaleza sin comprometer la salud de nuestros ecosistemas.
A escala regional, el Acuerdo de Escazú es una poderosa herramienta jurídica que pretende invitar a los ciudadanos a participar en la toma de decisiones medioambientales y proteger a quienes defienden sus tierras.
Desde los territorios de Mesoamérica hasta las selvas del Caribe, las comunidades están demostrando que la justicia climática requiere una participación real, alianzas y procesos que reconozcan la diversidad cultural y ecológica de la región.
Escazú puede y debe ser una herramienta viva capaz de impulsar a los movimientos sociales, a los jóvenes, a las mujeres y a los pueblos indígenas que luchan por un futuro justo.
Por el bien de nuestras comunidades costeras y de todos los defensores del medio ambiente de América Latina y el Caribe, instamos a nuestros dirigentes a que sigan impulsando esta agenda mediante la creación de hojas de ruta que permitan aplicar el acuerdo para consagrar los derechos medioambientales en la legislación.
Esperamos que el espíritu de Escazú, basado en la transparencia, la solidaridad y la defensa de la vida, pueda inspirar futuras negociaciones sobre el clima, como las de las conferencias anuales de la ONU sobre el cambio climático.
Porque sin justicia medioambiental no habrá justicia climática.
Finally…
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