Las mujeres están en la primera línea de defensa de la tierra

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Cuando los mineros de oro que operaban ilegalmente cerca de su granja, al sur de Colombia, contaminaron el arroyo donde daba de beber a sus vacas, Mary Alis Ramírez trató de hacer que sean expulsados. Luego, comenzaron las amenazas. Tomó precauciones, cambió su horario y utilizó rutas impredecibles hacia y desde su casa.

Pero cuando las amenazas anónimas empezaron a apuntar hacia sus hijos, ella dejó su granja y se mudó al pueblo más cercano.

La vida, en ese lugar, era más difícil y costosa. Tenía que pagar alquiler y, al no tener un huerto, debía comprar alimentos. Finalmente, y a pesar del peligro, decidió regresar a su casa.

“Para muchas mujeres indígenas, sus tierras son la base de todo: sus culturas, sus espiritualidades, sus medios de subsistencia”, explicó Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“A menudo, las mujeres son las responsables del manejo de los recursos de sus comunidades y de alimentar a sus familias”, expresó. “Por eso, cuando sus tierras son amenazadas -frecuentemente por proyectos extractivos, destructivos- ellas están en la primera línea de defensa de esas tierras”.

En todo el mundo, al menos 200 personas fueron asesinadas cuando defendían sus tierras o los territorios de sus comunidades en 2017, según un estudio realizado por la organización de vigilancia ambiental y derechos humanos sin fines de lucro Global Witness. Incontables personas más, como Ramírez, soportan amenazas y acoso diariamente y viven con temor e incertidumbre constantes.

El estudio halló que los defensores medioambientales han sido asesinados en comunidades que se resisten a la minería, a otras industrias extractivas, a la caza furtiva y a las represas; o han sido puestos en la mira por madereros o ganaderos que buscan apropiarse de sus tierras.

A pesar de que 90 por ciento de los defensores medioambientales asesinados eran hombres, el estudio encontró que las mujeres enfrentan peligros particulares debido a su género, como violación o amenazas a sus hijos.

“Las mujeres son amenazadas como forma de amedrentar a comunidades enteras. Esto puede ir desde campañas de difamación hasta violencia directa, incluyendo asesinatos”, advirtió Tauli-Corpuz.

“Las mujeres que defienden sus tierras, territorios y derechos relacionados al medio ambiente están con frecuencia en desventaja en su activismo”, escribió Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en enero de 2019 en un informe especial  para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A menudo son excluidas de la propiedad de la tierra, de las negociaciones de la comunidad y de las decisiones sobre el futuro de sus tierras. Cuando se involucran en el activismo, muchas veces son criticadas por descuidar sus obligaciones domésticas y poner en peligro a sus familias”. Sin embargo, las amenazas no han silenciado a las mujeres.

Berta Cáceres, una mujer Lenca, fue asesinada en Honduras el 2 de marzo de 2016.  Ganadora del Goldman Environmental Prize, fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que defendía los derechos de su gente a su tierra ancestral y donde se estaba construyendo una represa hidroeléctrica. Solo cuatro meses después, en julio de 2016, Lesbia Yaneth Urquía Urquía, también miembro de COPINH, fue asesinada.

La hija de Cáceres, Bertha Zúñiga Cáceres, dejó la universidad para seguir los pasos de su madre. Pero en julio 2017, por poco escapó de un ataque de agresores armados con machetes, apenas tiempo después de haber sido elegida para dirigir el COPINH.

“Las defensoras indígenas a menudo participan en la protección de sus derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales”, informó Forst a la ONU.

“Frecuentemente ellas resisten las acciones de corporaciones y autoridades locales que disponen de muchos mejores recursos”. La apropiación de tierras para desarrollar agricultura industrial, como cultivo de cacao, café o palma aceitera, es una fuente creciente de conflictos letales, según Global Witness.

Un cuarto de los casos que la organización registró a nivel mundial involucraba a personas que estaban defendiendo sus tierras de los esfuerzos de operaciones agrícolas de gran escala para arrebatárselas.

De acuerdo al estudio de Global Witness, en 2017, el 60 por cientos de los asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente se produjo en Latinoamérica, y Brasil –el mayor exportador de carne de vaca en el mundo -experimentó más asesinatos que cualquier otro país: 57.

Pero los problemas para Brasil en este campo empezaron mucho antes.  

Maria do Espírito Santo y su esposo “Zé Cláudio” Ribeiro da Silva fueron emboscados y asesinados por sicarios el 24 de mayo de 2011 en Pará, el estado más violento de Brasil.

Dos décadas antes, ellos habían conseguido la creación de una reserva agroforestal en tierra estatal, y se encontraban defendiendo el bosque de los madereros, ganaderos y operadores de hornos de carbón.

También en Pará, la monja católica Dorothy Stang, nacida en Estados Unidos, fue asesinada el 12 de febrero de 2005 por defender los derechos de los pequeños propietarios y campesinos en la región de la selva tropical que ella trataba de preservar.

Leidiane Drosdoski Machado fue asesinada en mayo de 2015, cuando un conductor embistió deliberadamente a una multitud de pequeños propietarios que protestaban por la construcción de la Represa de Belo Monte en el río Xingu, debido a los efectos perjudiciales que hubiera provocado en el medio ambiente. Y en mayo de 2017, Kátia Martins, quien dedicó su vida a mejorar los medios de subsistencia de las familias de agricultores, fue asesinada fuera de su casa por un grupo de motociclistas.

Los conflictos son exacerbados debido a la nula de inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, a la falta de respeto por los derechos a la tierra y, en especial, los derechos tradicionales y consuetudinarios de los grupos indígenas y de las comunidades locales. Pero además a causa del incumplimiento de los proyectos para buscar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que serán afectadas; y de la corrupción, según Global Witness.

Usualmente, es complicado identificar quién exactamente está detrás de los ataques o amenazas contra las personas que defienden sus tierras.

Integrantes de la policía o de las fuerzas armadas fueron considerados sospechosos en casi un tercio de los casos ocurridos en 2017. Grupos paramilitares, bandas criminales, cazadores furtivos, terratenientes y vigilantes privados, en los otros casos. Con frecuencia, los autores principales no son identificados, y muchos casos no son sancionados o terminan en cortes que condenan a los asesinos a sueldo pero no a quienes los contrataron, explica Global Witness.

En esa situación, ¿qué debe hacerse para frenar las muertes?

“Es responsabilidad de cada gobierno emprender acción inmediatamente para proteger a los defensores de los derechos a la tierra”, dijo Tauli-Corpuz.

La responsabilidad de proteger a los ciudadanos recae principalmente en los gobiernos, pero las empresas y los inversores pueden apoyar a menudo, detalla Global Witness. Las medidas claves incluyen hacer cumplir las leyes que protegen los derechos a la tierra, asegurar que las personas que defienden sus derechos sean protegidas, cortar la corrupción que permite que los autores principales queden sin castigo y detener proyectos que amenacen a la gente local hasta que los conflictos se resuelvan.

Los gobiernos también deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras consuetudinarias y garantizar que las comunidades puedan participar en las decisiones, mientras que las empresas deben asegurarse de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de implementar los proyectos, indicó Tauli-Corpuz.

En un paso importante, dos docenas de países negociaron el Acuerdo de Escazú, que fue adoptado en marzo de 2018, como el primer tratado mundial jurídicamente vinculante que incluye medidas para aumentar la protección de los defensores medioambientales. Formalmente conocido como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,  este primer instrumento legal  resultante de la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20), busca contrarrestar la violencia y contribuir a respaldar tanto los derechos medioambientales como humanos.

“La falta de reconocimiento de derechos es con frecuencia la causa fundamental de esta violencia y criminalización”, explica Tauli-Corpuz.

“Es totalmente inaceptable que la violencia sea usada como forma de silenciar el desacuerdo de los grupos indígenas, pero aún sí es lo que con frecuencia sucede”.