Menos del 1 % del presupuesto destinado a la mitigación del cambio climático se destina a las comunidades indígenas

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A pesar de que las comunidades indígenas protegen algunos de los ecosistemas forestales de importancia crucial, conservando su rica biodiversidad terrestre y manteniendo sus grandes reservas de carbono, se mantienen relegadas en la distribución de los fondos de la cooperación internacional destinados a la mitigación climática.

Un nuevo informe publicado por la Rainforest Foundation Norway (RFN) indica que menos del 1 % de dicho financiamiento se destina a estos actores. Los datos muestran que mientras que a nivel mundial la ayuda para el desarrollo asignada a la mitigación del cambio climático asciende a más de USD 30 mil millones cada año, el apoyo a las comunidades indígenas para la tenencia y gestión de los bosques apenas suma USD 270 millones.

Además, el informe detalla que la cantidad que las comunidades indígenas reciben directamente es aún menor, dado que la mayor parte del financiamiento fluye a través de organizaciones grandes.

Una cantidad un poco mayor a los USD 46 millones al año se destina a proyectos que incluyen el nombre de una comunidad indígena o local en la descripción del proyecto de implementación; esto indica que pocos proyectos de mitigación cuentan con la cooperación directa de los pueblos indígenas, según explicó Torbjørn Gjefsen, asesor político sénior de la RFN.

“Existe gran disparidad entre las necesidades, las oportunidades y los recursos comprometidos de los donantes”, agregó Alain Frechette, director ejecutivo de la Rights and Resources Initiative. “Donantes y gobiernos necesitan reequilibrar el balance a favor de las acciones basadas en los derechos”, aseveró.

La RFN utilizó la base de datos de la International Aid Transparency Initiative para establecer sus cálculos, e introdujo palabras de búsqueda relacionadas con derechos de tenencia de los pueblos indígenas y la gestión forestal para reducir la búsqueda al ámbito del financiamiento relevante, explicó Gjefsen.

También realizaron una encuesta de agencias de donantes y organizaciones de pueblos indígenas para obtener mayores detalles sobre las prácticas de financiamiento.

El informe evidencia que relativamente pocos donantes priorizan a los pueblos indígenas y a las comunidades locales cuando se refiere a financiamiento relacionado con el clima y la biodiversidad, y que la mayoría de lo que se entrega se canaliza por medio de instituciones multilaterales, y se maneja o dispersa por grandes ONG, agencias de la ONU y consultores, como parte de programas extensos.

“Existe un elemento de aversión al riesgo por parte de los donantes”, aseguró Gjefsen. “Dado que es dinero público, existen muchos requisitos –de hecho, un creciente conjunto de requisitos– para aquellos que manejan el dinero destinado a la cooperación, para asegurar que este se gasta como se supone debería gastarse, y que se logren los resultados esperados”.

Esto, explica, termina por convertirse en una barrera para las pequeñas comunidades indígenas, frecuentemente remotas, y crea una falta de conexión entre un sinfín de requisitos y las capacidades organizacionales, administrativas y financieras de la mayoría de las comunidades indígenas para lidiar con estas complejidades. Son pocos los grandes donantes o los intermediarios que dedican recursos a reducir esta brecha en las capacidades o que reconocen que los avances en este tema deberían ser parte del proceso. El problema es especialmente agudo en aquellas comunidades forestales donde aún no se reconocen sus derechos de tenencia o consuetudinarios a la tierra que habitan.

Sin embargo, algunas organizaciones, incluyendo a la que pertenece Gjefsen, están trabajando para ayudar a amortiguar esos requisitos y desarrollar capacidades en las organizaciones indígenas a fin de que puedan ser elegibles en el futuro, sostuvo Gjefsen.

“Los donantes tienen su agenda y sus objetivos, y los pueblos y organizaciones indígenas tienen su agenda y objetivos. Por ello, se busca lograr que los dos puedan coincidir, mientras que los proyectos siguen siendo guiados por las prioridades de las propias comunidades, al tiempo que asumen parte de la carga de los requisitos de los informes”, explicó.

Pese a que que al menos la mitad de la masa terrestre del mundo, sin incluir la Antártida, está en manos de las comunidades indígenas, estas son legalmente dueñas o tienen derechos asignados a menos del 20 % de esa área, detalló Frechette. “Esto significa que existe un potencial enorme”, dijo. “Una cantidad enorme de tierra que abarca algunos de los ecosistemas más críticos del mundo quedan aún por ser legalmente reconocidos”, señaló.

Décadas de investigación y proyectos demuestran que cuando dichas comunidades tienen seguridad de la tenencia de la tierra y pueden tomar decisiones de forma colectiva sobre como la gobiernan y la usan, los resultados de conservación suelen ser mejores.

“La gestión de las comunidades tiene mejores resultados para proteger la biodiversidad, los bosques y lograr mejores resultados relacionados con los medios de vida, en comparación con la gestión de la tierra a cargo de por entidades privadas o públicas”, añadió Frechette.

Más allá de los costos de los esfuerzos legales para asegurar la tierra, existen otras múltiples formas con las que un mayor flujo de financiamiento puede apoyar a las comunidades indígenas, tales como subsidios de largo plazo a cambio del mantenimiento de los servicios esenciales de los ecosistemas.

“Con mayor frecuencia escucho de las comunidades: ‘tenemos éxito cuando nuestros derechos están asegurados, pero uno de nuestros mayores problemas es garantizar medios de vida sostenibles que ofrezcan a nuestros hijos un futuro viable en esta tierra, que le muestre que le conviene quedarse y ser custodios de esta tierra’”, describió Frechette.

Un aspecto positivo que se destacó en el informe es el éxito de pequeñas fundaciones filantrópicas privadas que trabajan con comunidades indígenas y locales. A pesar de que contribuyen con solo 3 % del total de los desembolsos, “han establecido las mejores prácticas al otorgar subvenciones directas, flexibles y menos burocráticas a organizaciones indígenas y locales”, indica el informe.

“A menudo son el donante ideal”, señaló Gjefsen. “Escuchan las prioridades de los pueblos indígenas y tratan de amoldar sus prioridades a estas. Por lo que mucho de ello debería replicarse”.

Sin embargo, “existen tensiones entre el enfoque a pequeña escala, y la necesidad de obtener resultados a grandes escalas. Necesitamos ampliar los programas, a la vez que incluimos y construimos con la calidad y destreza de los enfoques de pequeña escala. Existen muchas lecciones aprendidas de estos enfoques que se han acumulado a lo largo del tiempo, y necesitamos encontrar la forma de incorporarlos en los planes a gran escala”, apuntó Gjefsen.

Entre tanto, hay avances en cuanto a los derechos de tenencia de la tierra. Según un informe técnico de la RRI, un número creciente de gobiernos y organizaciones de desarrollo está cada vez más interesado en identificar oportunidades para acelerar y ampliar el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales sobre sus bosques, tierras, territorios y recursos.

Gjefsen opina que durante la última década se han logrado avances en cuanto a abrir el espacio y generar diálogo sobre el concepto.

“En Indonesia, existen esquemas de forestería social que otorga licencias a comunidades Adat”, dijo al referirse a las comunidades tradicionales de aquel país. “Recientemente, la República Democrática del Congo aprobó una ley de pueblos indígenas, la cual es un gran avance. Pero en Brasil, donde se había avanzado en el reconocimiento de los territorios, existe un retroceso. Es muy complejo, pero aunque no exista un marco legal establecido o no se hayan resuelto los asuntos sobre derechos a la tierra, se puede lograr más al incluir a las personas que están viviendo en los bosques en los procesos de planificación y uso de la tierra”, explicó. Por otra parte, el informe de la RFN señala que, mientras que Noruega otorga asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) a los pueblos indígenas y a las comunidades locales en un porcentaje mucho más alto que otros países como Alemania, el Reino Unido o Estados Unidos, aquellos países han indicado que incrementarán el financiamiento de su ODA en lo que se refiere a los objetivos climáticos y de biodiversidad.