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Para saber más, siga nuestra cobertura en tiempo real de la COP16 (en inglés).
La Amazonía es la selva tropical más grande del mundo y uno de los sumideros de carbono más importantes, pero la crisis climática podría pronto convertirla en una fuente de emisiones.
Este año, el río Amazonas enfrenta la peor sequía de su historia, mientras la selva tropical sufre los peores incendios en casi 20 años, cubriendo hasta la mitad de América del Sur de humo.
¿Cómo están enfrentando los países amazónicos estos desafíos sin precedentes?
Con una extensión de 6,74 millones de kilómetros cuadrados, el bioma amazónico abarca ocho países y un territorio: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
Ahora, estos países colaboran de manera más estrecha para proteger una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta, fortaleciendo lazos mediante acuerdos como la Declaración de Belém, firmada durante la Cumbre Amazónica de 2023, y el Pacto de Leticia, establecido en 2019.
Pero estos acuerdos también han sido criticados por la falta de objetivos claros. ¿Son suficientes para salvar la Amazonía de la crisis climática?
Los desafíos de la Amazonía no respetan fronteras y esto es especialmente evidente en la llamada región de la triple frontera entre las ciudades de Tabatinga (Brasil), Santa Rosa del Yavarí (Perú) y Leticia (Colombia).
Desde agosto, los niveles récord de baja en las aguas del río Amazonas y sus afluentes han afectado la pesca de subsistencia, el turismo y el suministro de agua potable para las comunidades indígenas locales.
En este triángulo fronterizo, solo se necesitan cinco minutos en barco para cruzar los tres países.
En la ciudad de Leticia, la comunidad Cihtacoyd, hogar de 20 familias, es una de las que siente los efectos de la crisis climática.
Durante la temporada seca, la comunidad enfrenta la falta de agua cuando el nivel del río es bajo.
Sin embargo, este año la situación es mucho peor que lo habitual. La comunidad cuenta con una única fuente de agua, ya que las demás se han secado.
Las familias Cihtacoyd provienen de varios grupos étnicos, como los bora, okaina, miraña y tanimuca, todos desplazados de sus territorios originales debido al largo y continuo conflicto armado en Colombia.
Desde hace seis años, el líder comunitario, Silvestre Teteye, vive en el kilómetro 22 de Leticia.
Él afirma que, desde que se mudaron al área, el suministro de agua es limitado debido a un sistema de distribución ineficiente La sequía histórica de este año ha empeorado la situación.
“Muchos indígenas ya están trayendo agua desde el centro de la ciudad, que está a 25 kilómetros de distancia”, dice el líder comunitario.
Teteye también explica que las organizaciones internacionales proporcionaron filtros de agua durante la pandemia de COVID-19, pero eso no resuelve el problema de la comunidad, ya que la cantidad de agua disponible es insuficiente.
“Para los indígenas el agua es la fuente de la vida. Si no tenemos agua, no tenemos nada”, afirma Teteye.
La sequía también ha impactado el turismo en el área de la triple frontera, afectando a las comunidades indígenas que dependen de esta actividad como fuente de ingresos.
La agencia de turismo Experiencias Amazonas Maloca Baru, fundada por el líder indígena Ticuna Saulo Ahue y su familia, informa que los costos operativos han aumentado un 20 % debido al bajo nivel de los ríos.
Desde agosto, los turistas no pueden llegar directamente a la comunidad de Macedonia, donde Ahue y su familia reciben visitantes. El año pasado, Maloca Baru recibió 380 turistas, sosteniendo el sustento de 30 familias indígenas.
“Para llegar a nuestra comunidad, los turistas ahora tienen que pasar por Mocagua, lo cual aumenta mis costos operativos y su tiempo de viaje”.
El viaje de Leticia a Mocagua en lancha rápida toma unas dos horas.
“Con el turismo, mis padres pudieron darme educación”, explica Ahue.
“Me convertí en arquitecto. Así es como el turismo genera ingresos adicionales para la comunidad. Es como vendemos muchas de nuestras artesanías.”
A medida que la crisis climática se intensifica y trasciende fronteras, institutos de investigación amazónicos han unido fuerzas para robustecer la cooperación internacional y aumentar las sinergias.
Un ejemplo es la Red Bioamazonía, creada en febrero de 2024 y compuesta por siete institutos de investigación de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador.
Coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoyada por el Fondo Verde para el Clima, la red tiene como objetivo promover la creación e intercambio de conocimiento sobre biodiversidad, además del desarrollo y la transferencia de innovaciones y tecnologías para una bioeconomía amazónica.
El secretario técnico de la red, Daniel Lage, está entusiasmado con el volumen de financiamiento internacional y atención que ha recibido la selva amazónica en los últimos años. “Pero sabemos que necesitaríamos muchos más recursos para ser efectivos al ritmo necesario”, advierte.
Los países amazónicos han colaborado más en la búsqueda de financiamiento para proyectos transfronterizos desde la firma del Pacto de Leticia en 2019, afirma Rafael Anta, especialista principal de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID.
El BID lideró la gestión de una inversión inicial de USD 2 millones que permitió el lanzamiento de la Red Bioamazonía. Anta explica que estos fondos se destinan principalmente a la investigación y el desarrollo tecnológico para el crecimiento económico y social del bioma, así como a aplicar tecnología en escenarios reales.
Aun así, estos proyectos no destinan suficientes recursos a la biodiversidad, según Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto SINCHI en Colombia y directora de la Red Bioamazonía.
“Enfrentamos muchos desafíos porque la mayoría de los recursos están dirigidos a temas de deforestación y cambio climático, y no hay un camino claro que abarque cambio climático, deforestación y biodiversidad”, explica.
Si bien la Red Bioamazonía reúne a investigadores de toda la región amazónica para promover colaboraciones muy necesarias, Anta admite que esto no está exento de desafíos.
“Cada instituto es diferente”, enfatiza. “No hay ninguno igual a otro. Comparten un objetivo y una misión, pero también tienen objetivos únicos”.
Las relaciones de cada uno con las instituciones a las que están vinculados también pueden dificultar el desarrollo de la investigación y el acceso a financiamiento, ya que cada instituto está vinculado a un ministerio diferente en su país de origen.
Involucrar al sector privado también ha demostrado ser un desafío. “Existe un prejuicio de que el sector privado es perjudicial. Muchos institutos no saben cómo trabajar con empresas”, dice Anta.
“Necesitamos romper ese estigma y ayudar a los institutos a colaborar mejor con el sector privado”.
Lage afirma que la Red Bioamazonía será guiada por la cocreación y el diálogo, en lugar de un enfoque de arriba hacia abajo.
“En la Amazonía, todos quieren un proyecto propio, pero falta humildad para participar en el diálogo con los actores locales y paciencia, ya que los proyectos tardan en implementarse”, destaca.
En cambio, enfatiza Lage, es importante reconocer la diversidad de las comunidades tradicionales que habitan la selva.
“Los principios de cada proyecto, sin embargo, deben ser los mismos: mantener la selva en pie y proteger a los pueblos indígenas y al bioma. Y esos principios deben convertirse en la regla, no en la excepción”, concluye.
Esto implica adaptar los proyectos para satisfacer las necesidades y coordinar con los gobiernos locales cuando sea necesario, añade Luz Marina Mantillaa.
“Las sociedades fronterizas tienen necesidades particulares, y son muy dinámicas”, dice la directora de SINCHI.
Por ejemplo, a las ciudades de la triple frontera – Leticia, Tabatinga y Santa Rosa – solo se puede llegar en barco, pues no hay carreteras que las conecten con el resto de sus países.
Mantilla también menciona el ejemplo de las comunidades en la Amazonía colombiana, muchas de las cuales, como la Cihtacoyd, han sido desplazadas de sus territorios debido al conflicto.
“Por eso es necesario intensificar esta cooperación y preservar la biodiversidad”, explica.
La diplomacia también desempeña un papel crucial en la unión de los países amazónicos.
Creada en 1978, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) es una entidad intergubernamental dedicada a la preservación del bioma amazónico mediante la cooperación.
Esta cooperación no siempre ha sido fácil. “El problema de la deforestación es el mismo, pero la solución no es la misma”, dice Carlos Salinas, coordinador de medio ambiente de OTCA, destacando las características únicas de cada país.
“La legislación ambiental de cada país no es necesariamente armoniosa entre todos los miembros de la OTCA”, añade.
El objetivo histórico de la OTCA ha sido reducir las asimetrías de poder entre y dentro de sus estados miembros, que incluyen a los ocho países independientes de la región amazónica.
Sin embargo, frente a los desafíos actuales del bioma, han reconocido la necesidad de una nueva agenda de cooperación.
Ahora, la OTCA está desarrollando un mecanismo financiero propio, actualmente en discusión con los países miembros y en desarrollo a través de una consultoría. Se espera presentarlo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en Belém, Brasil.
En relación con el acceso a financiamiento directo, algunos grupos indígenas informan que los esfuerzos para incluirlos en los procesos de financiamiento no son suficientes.
Aún no se ha desarrollado un proceso para proporcionar financiamiento internacional directamente a las comunidades indígenas, permitiéndoles llevar a cabo proyectos y seguir protegiendo sus territorios, afirma Ginny Katherine Alba Medina, secretaria técnica de la comisión de derechos humanos para los pueblos indígenas de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
La OPIAC representa a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana en instituciones nacionales e internacionales, defendiendo sus derechos.
Aunque la OPIAC no recibe fondos de donantes internacionales directamente, Alba dice que sería beneficioso participar más activamente en proyectos implementados en comunidades indígenas.
Ella argumenta que estas comunidades no solo deberían tener un lugar en la mesa para tomar decisiones, sino también recibir financiamiento directamente, en lugar de a través de intermediarios.
Estos fondos serían utilizados por los propios locales para ejecutar proyectos en sus comunidades, en lugar de ser implementados por entidades externas.
“Sería mucho más fácil si estuviéramos involucrados en estas discusiones, ya que eso aumentaría nuestra capacidad organizacional y administrativa”, sugiere.
Actualmente, menos del 1% de la ayuda climática internacional llega a los pueblos indígenas y comunidades locales.
Esta cuestión se está discutiendo en la Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas de 2024 (COP16), donde negociadores y delegaciones trabajan para desarrollar un mecanismo de financiamiento que canalice fondos directamente a las comunidades indígenas.
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