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Defender el planeta no es solo un trabajo desafiante y arduo, también puede ser muy peligroso, especialmente en América Latina.
En 2023, 196 defensores de la tierra y del medioambiente fueron asesinados en todo el mundo, y la gran mayoría de estos crímenes ocurrieron en territorios latinoamericanos.
De hecho, solo cuatro países —Brasil, Colombia, Honduras y México— concentraron más del 70 % de estos asesinatos.
Con 79 asesinatos, Colombia fue el país más letal por amplia diferencia. Lo siguió Brasil con 25.
Desde hace mucho tiempo, América Latina es una región peligrosa para quienes trabajan para proteger ríos, bosques, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de los intereses corporativos, el crimen organizado y, muchas veces, el propio Estado.
Hablamos con algunos de estos activistas para comprender mejor las amenazas que enfrentan, cómo se mantienen a salvo y cómo Brasil y Colombia intentan mantenerlos con vida.
“Cuando nos reconocimos y nos declaramos un quilombo, nuestra paz se acabó”, recuerda Elza*, una líder quilombola brasileña de casi 60 años.
En diciembre de 2008, recibió un disparo en un ataque que mató a su hermano y a su hermana. Desde entonces, no sale de casa sola, ni siquiera para caminar por su propio territorio, uno de los 11 quilombos urbanos de Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, en el sur de Brasil.
Los quilombos son comunidades afrobrasileñas originalmente fundadas por esclavizados que escapaban durante la época colonial.
Hoy en día, se definen oficialmente como “grupos étnico-raciales que, según criterios de autoidentificación, tienen una trayectoria histórica propia, mantienen relaciones territoriales específicas y presumen una ascendencia negra vinculada a la resistencia contra la opresión histórica sufrida”.
Brasil reconoce a los quilombos en su Constitución desde 1988, pero el proceso para obtener el reconocimiento legal es largo y, a menudo, está lleno de obstáculos.
La comunidad de Elza fue oficialmente designada como quilombo en 2005, después de que sus habitantes aceptaran ceder la mitad de su territorio.
Desde entonces, han luchado contra bandas criminales y especuladores inmobiliarios que buscan controlar las 58 hectáreas de tierra que la comunidad llama su hogar y que preserva diversas especies nativas, desde hierbas medicinales, plantas y árboles hasta animales.
En 2022, el quilombo enfrentó otro ataque. Hombres armados intentaron tomarse un proyecto residencial en construcción, paralizado debido a una disputa con el banco que lo financiaba.
Una vez más, la comunidad se las arregló para repeler la invasión con el apoyo de universidades, grupos de activistas y otros quilombos, lo que suscitó un gran interés mediático.
Luego del ataque, la policía intensificó la vigilancia y los patrullajes en la zona, y el banco liberó los fondos restantes para completar el proyecto de vivienda.
Elza y su familia son cautelosas al hablar con los medios por miedo a atraer atención no deseada. Aun así, no pierde su sentido del humor.
“Mi hija siempre dice que me va a comprar una armadura para que pueda caminar por el quilombo como lo hacía antes”, bromea.
Elza y su hija Carolina* viven bajo la protección del gobierno brasileño, que tiene un programa para proteger a defensores de derechos humanos, ambientalistas y comunicadores.
Carolina, que ronda los 40 años, toma medicamentos para lidiar con el peligro constante. Ella cree que las amenazas contra su comunidad también están arraigadas en el racismo.
“Aquí tenemos identidad negra, por eso quieren que desaparezcamos de este territorio”, dice.
“Lo que nos ha ayudado a seguir adelante son mis primos más jóvenes, los hijos de mis tíos que fueron asesinados”, recuerda, reflexionando sobre las consecuencias de la masacre de 2008 y cómo cambió su comunidad.
La familia se considera defensora de la tierra por necesidad. “Nunca me vi como una activista ambiental”, explica Elza.
“Simplemente defiendo mi territorio, el lugar donde nací y vivo. Siempre he tenido que hacerlo de manera intuitiva”.
Jesús Pinilla es un activista afrocolombiano de 26 años, originario de una pequeña comunidad en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia.
Es miembro de la Red de Jóvenes Guardianes del Atrato, un grupo compuesto por 36 personas que defienden el río Atrato, considerado el más caudaloso de Colombia.
En 2016, el Atrato se convirtió en el primer río colombiano en recibir derechos legales. Para garantizar su protección, un grupo de 10 guardianes, junto con la Red de Jóvenes, libra una batalla constante contra las empresas mineras que explotan sus aguas.
Pinilla trabaja como educador ambiental. Comenzó su activismo a los 14 años, pero teme que los riesgos alejen a muchos jóvenes de los movimientos ambientales y climáticos en Colombia.
“Algunos tienen miedo de comenzar en el activismo por esta razón”, señala.
“Siento que la falta de seguridad es un problema, especialmente para muchos jóvenes. Queremos trabajar por el medio ambiente, pero no vemos ningún apoyo del gobierno”.
Aunque Pinilla nunca ha recibido amenazas directas contra su vida, afirma que la minería ilegal ha generado conflictos con comunidades locales y activistas en su región.
Algunas empresas mineras utilizan maquinaria pesada que contamina el río, afectando tanto a la fauna como a los habitantes que dependen de él.
Una de las formas que ha encontrado para concienciar a niños y adolescentes es a través del arte y la música. Compone alabados —cantos populares utilizados en ceremonias— para enseñar sobre la importancia de la preservación del río Atrato.
“Mi comunidad está ubicada a orillas del río, así que interactuamos con él todos los días”, dice. “Dependemos de él para nuestras necesidades básicas”.
Tanto el gobierno brasileño como el colombiano cuentan con programas para proteger a ambientalistas y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la vigilancia policial no es suficiente: los responsables de formular políticas también deben abordar las causas profundas del problema, que son únicas para cada país.
En Colombia, guerrillas, paramilitares y carteles del narcotráfico han estado involucrados en un conflicto armado contra el Estado y entre sí desde 1964.
Este contexto agrega una dimensión adicional a los actuales conflictos por la tierra en el país, impulsados por la minería ilegal, la deforestación y la expansión de la agricultura para la ganadería.
“Cuando estos factores se combinan con los intereses de las comunidades, el conflicto armado interno se vuelve aún más peligroso”, afirma Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en la capital, Bogotá.
“Es en este punto donde entran en juego las acciones contra los defensores ambientales y las comunidades”, explica, señalando que los conflictos ambientales ocurren con frecuencia en países ricos en recursos minerales.
En la mayoría de los casos, las comunidades se ven obligadas a organizarse para garantizar su propia seguridad ante la ausencia del Estado.
“Brindan autoprotección a través de las guardias indígenas o campesinas”, explica.
También han desarrollado estrategias de comunicación para compartir información entre sí, con las autoridades y otras organizaciones competentes.
Sin embargo, mientras el conflicto armado persista, será muy difícil para el gobierno enfrentar las amenazas sistémicas contra los defensores ambientales, especialmente en áreas donde tiene poca autoridad, afirma Franklin Castañeda, director de derechos humanos del Ministerio del Interior de Colombia.
Castañeda explica que más de 15 000 personas están actualmente protegidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo objetivo es garantizar la seguridad de parlamentarios, alcaldes, miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y otros individuos que enfrentan amenazas debido a su trabajo.
La mayoría —cerca de 9000— de estas personas son líderes sociales, incluidos defensores ambientales. La UNP les proporciona medidas de seguridad como chalecos antibalas, escoltas privadas, vehículos blindados u otras medidas, según sea necesario en cada caso.
Aun así, Castañeda enfatiza que las medidas individuales son un último recurso. El gobierno también ha invertido en prevención, por ejemplo, para asegurar que militares y policías no participen en actividades ilegales.
“Hoy en día, no tenemos registros —o, como mucho, registros mínimos— que vinculen a agentes del Estado con acciones contra ambientalistas”, dice.
Otra medida ha sido ampliar el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales. Esto busca reducir el estigma contra los defensores de la tierra y el medioambiente, quienes a menudo son vistos como una amenaza por parte de gobiernos y corporaciones debido a su activismo.
A pesar de estos esfuerzos, Castañeda admite que aún queda mucho trabajo por hacer para abordar las causas estructurales del conflicto, como los altos niveles de desigualdad socioeconómica.
“La mayoría de los territorios donde surgen conflictos sociales son los menos desarrollados, donde el gobierno aún no logra llegar”.
Afirma que estas áreas necesitarán acceso a internet, carreteras y otras infraestructuras para mejorar la capacidad del gobierno de garantizar la seguridad y el Estado de derecho.
En Brasil, los principales motores de los conflictos son la deforestación, la minería ilegal, la especulación inmobiliaria y la expansión de la agricultura.
Como respuesta, el gobierno está apoyando a 1304 personas a través del Programa de Protección a los Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), vinculado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
Muchos de los amparados por este programa son indígenas, quilombolas o miembros de otras comunidades tradicionales, incluyendo a Elza y Carolina.
El coordinador del programa, Igo Martini, destaca la importancia de escuchar a las comunidades para responder rápidamente a sus necesidades de protección.
El año pasado, el programa realizó 54 consultas públicas para elaborar un Plan Nacional con el cual abordar las amenazas a estas comunidades. Pero Martini también subraya la necesidad de tratar las causas estructurales, en lugar de simplemente movilizar a la policía.
“Si no resolvemos las causas subyacentes, el programa continuará durante 20 o 40 años, solo respondiendo a emergencias”, advierte. “Es necesario un movimiento de los estados también, no solo del gobierno federal”.
“Necesitamos fortalecer organismos, sistemas de monitoreo y sistemas de prevención, como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (Ibama), por ejemplo”.
El PPDDH trabaja en tres frentes: protección estatal, protección judicial y protección colectiva.
Mientras que la protección estatal y judicial son proporcionadas por la policía y el sistema judicial, respectivamente, la protección colectiva involucra el fortalecimiento de las comunidades y el suministro de herramientas para que se comuniquen entre sí y reporten amenazas a las autoridades, garantizando la seguridad de sus territorios.
Esto no significa transferir la responsabilidad de protegerse a las comunidades. “Pero, una vez organizadas, pueden transmitir información más rápidamente a las autoridades y a la policía”, señala Martini.
De vuelta en Porto Alegre, la policía local realiza patrullajes rutinarios en el quilombo de Elza y Carolina. Aun así, la familia vive con el miedo constante de una nueva invasión.
“Pero, ¿qué puedo decir?”, agrega Elza. “Nunca nos vamos a rendir.”
Al final, comenta Carolina, es importante no perder de vista el contexto más amplio.
“No podemos negar nuestras historias de dolor, pero podemos evitar más historias de dolor”.
*Los nombres han sido modificados.
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