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Si queremos evitar los peores efectos de la crisis climática, tendremos que abandonar los combustibles fósiles y pasar a las energías renovables lo antes posible.
Pero para impulsar esa transición, también necesitaremos cantidades sin precedentes de minerales, sobre todo a medida que se dispara la demanda mundial de energía, impulsada principalmente por el crecimiento económico en el Sur Global.
Esto significa que la demanda de minerales de transición críticos como el litio, el níquel y el cobalto aumentará más de 15 veces de aquí a 2050. En la actualidad, existen al menos 110 nuevos proyectos mineros en todo el mundo para satisfacer esta creciente demanda.
Sin embargo, esta minería conlleva sus propios problemas. En todo el mundo, las explotaciones mineras han ido acompañadas de contaminación del aire y el agua, desplazamientos forzosos y daños irreversibles en los ecosistemas naturales y culturales.
En algunos países, los intentos de acelerar los proyectos mineros se están topando con una fuerte oposición ciudadana, lo que plantea importantes cuestiones éticas en torno a las “zonas de sacrificio verde”, áreas que se enfrentan a los peores impactos negativos de la transición ecológica.
Entonces, ¿son estas quejas locales una cuestión de justicia medioambiental, o simplemente un movimiento de “nimby” (acrónimo en inglés de la expresión “no en mi patio trasero”) que se interpone en el camino de la acción climática?
Aún más importante, ¿cómo podemos minimizar estos impactos y garantizar una transición justa que no traslade la carga de la descarbonización a las comunidades vulnerables?
Para entender el concepto de zonas de sacrificio verdes, tenemos que empezar por definir las zonas de sacrificio.
“Las zonas de sacrificio son lugares que, para sus extractores, de alguna manera no cuentan y, por lo tanto, pueden ser envenenados, drenados o destruidos con el fin de lograr un mayor progreso económico”, escribió la escritora y activista canadiense Naomi Klein en Esto lo cambia todo.
El término “zonas de sacrificio” se utilizó originalmente para describir áreas gravemente contaminadas por la extracción y procesamiento de uranio para armas nucleares durante la Guerra Fría. Con el tiempo, se amplió para referise a lugares donde la gente vivía junto a industrias o bases militares muy contaminadas, como el Callejón del Cáncer en el estado estadounidense de Luisiana.
En estas zonas, los territorios y las comunidades de bajos ingresos, marginadas o indígenas tienen que cargar con la mayor parte de los impactos de las actividades contaminantes.
Ahora, en el contexto de la transición energética, el término “zonas de sacrificio verdes” se refiere a la destrucción de ecosistemas y comunidades para descarbonizar la economía mundial.
La minería es una fuente notable de daños, pero sólo es el primer eslabón de la cadena mundial de suministro. Otros impactos ambientales, sanitarios y sociales pueden proceder del refinamiento y transporte de minerales, la instalación y explotación de parques solares y eólicos y la gestión de residuos como las baterías de los vehículos eléctricos.
Es probable que surjan nuevas zonas de sacrificio verde a medida que avanza la transición ecológica, advierten expertos y activistas, sobre todo en lugares con escasa gobernanza y supervisión normativa.
El cobalto es un mineral cada vez más codiciado que se utiliza en baterías de iones de litio, como las que se encuentran en computadores, teléfonos móviles y autos eléctricos.
Casi la mitad de las reservas mundiales de cobalto se encuentran en la República Democrática del Congo (RDC), donde su extracción ha creado una de las zonas más contaminadas del planeta: el llamado Cinturón de Cobre, que abarca el sur de la RDC y el norte de Zambia.
En esta región, la minería ha provocado problemas de salud generalizados, condiciones de trabajo abusivas, trabajo infantil extensivo, conflictos por el control de los recursos y violencia sexual rampante.
Otro mineral que se encuentra a menudo en las baterías es el níquel. En Indonesia, la extracción y fundición de níquel ha provocado violaciones a los derechos sobre la tierra, contaminación, deforestación y catástrofes relacionadas con la minería, como deslizamientos de tierras e inundaciones repentinas, afectando los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de actividades como la agricultura y la pesca.
En Sudamérica, más de la mitad de las reservas mundiales de litio se encuentran en los salares de Argentina, Bolivia y Chile, una zona conocida como el Triángulo del Litio. Esta región también se enfrenta a retos relacionados con la extracción de minerales, en particular la escasez de agua en la que ya es una de las zonas más áridas del mundo.
La industria minera suele obtener permisos para operar prometiendo a las comunidades la prestación de servicios básicos y oportunidades de empleo, afirman los investigadores Christos Zografos y Paul Robbins en un comentario publicado en One Earth.
“Las empresas mineras justifican los efectos adversos de sus operaciones sobre las comunidades locales (como poner en peligro ecosistemas vitales y suministros de agua) alegando que sus productos son ‘esenciales para la transición a una economía baja en carbono'”, escriben los investigadores.
Al crear zonas de sacrificio, la transición verde podría acabar perpetuando una forma de “colonialismo climático” que perjudica a quienes ya son más vulnerables a los efectos de la crisis climática, señalan Zografos y Robbins.
La Unión Europea (UE), uno de los mayores consumidores mundiales de minerales esenciales, quiere reducir su dependencia de las importaciones y desarrollar sus propias fuentes de minerales para impulsar su “Pacto Verde Europeo”.
La UE se ha fijado el objetivo de abastecerse internamente el 10% de las materias primas esenciales para 2030. Esto significa que los proyectos considerados estratégicamente importantes podrían acelerarse y recibir un mayor acceso a la financiación.
En el norte de Portugal, por ejemplo, una empresa registrada en Londres pretende obtener terrenos para lo que podría convertirse en la mayor explotación minera de litio a cielo abierto de Europa.
Pero los nuevos proyectos mineros encuentran resistencia en todo el continente. Los ecologistas y la población local se manifiestan, se niegan a vender sus tierras y presentan recursos legales.
Finlandia es el mayor productor de níquel de la UE y uno de los dos únicos Estados miembros que lo producen. En la actualidad, la minería es responsable de más del 70% de los residuos del país y supone una grave amenaza para los cursos de agua, según un informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente (OEMA).
El pasado julio, la UE firmó un acuerdo con Serbia para acceder a uno de los mayores yacimientos europeos de litio, que explotará Río Tinto en el valle del Jadar.
El acuerdo se produjo una semana después de que Serbia levantara la prohibición de extraer litio que había impuesto en 2022 tras las protestas generalizadas, y fue seguido de nuevo por manifestaciones masivas en Belgrado.
“La única forma de avanzar es abandonar el proyecto de Jadar, ya que el agua, los suelos, la biodiversidad y los lugares de importancia cultural penden de un hilo”, afirma Bojana Novakovic, coordinadora de Marš sa Drine, una red de activistas, expertos y habitantes que se oponen a la extracción de litio y borato en Serbia.
Mientras que el impacto de la minería en el Sur tiende a calificarse de neocolonial y de injusticia climática, la oposición en el Norte suele tacharse de“nimbyismo”, acrónimo de “not in my backyard” (no en mi patio trasero). La realidad es un poco más matizada.
Dayna Nadine Scott, profesora de la Universidad de York (Canadá), cree que la transición ecológica debe someterse al mismo escrutinio que el extractivismo de combustibles fósiles, lo que incluye examinar cómo se distribuyen los impactos en función del género, la clase social y la etnia.
Esto es especialmente importante cuando las autoridades eliminan las salvaguardias y los controles democráticos que se han convertido en norma en los proyectos energéticos más convencionales, como la consulta a la comunidad y las evaluaciones medioambientales.
“Cuando se eliminan esas protecciones, como en la tendencia a la ‘vía rápida’ (fast-tracking) que estamos presenciando en relación con los minerales críticos, los residentes afectados tienen la sensación de que están soportando todos los riesgos y cosechando pocas recompensas, y eso sienta las bases para una lucha por la justicia medioambiental”, explica Scott.
Para ella, las zonas de sacrificio verdes no son inevitables. Si realmente necesitamos minerales esenciales para evitar el colapso climático, podemos encontrar una forma de extraerlos de forma equitativa y ética, afirma Scott.
“La gente sobre el terreno no reacciona necesariamente ante la extracción, sino ante el extractivismo: una forma de relacionarse con las tierras y los recursos en la que un ritmo y una escala elevados de “toma” generan beneficios para el capital lejano sin generar beneficios para la población local.
“Tenemos que salir de ese sistema”.
Incluso con las mejores tecnologías disponibles, la extracción y el tratamiento a gran escala de minerales esenciales como el litio y el cobre son inevitablemente muy contaminantes.
Los elementos de tierras raras, por su parte, están repartidos en cantidades ínfimas por la corteza terrestre y no pueden obtenerse sin liberar sustancias químicas tóxicas en el medio ambiente. Se calcula que por cada tonelada de tierras raras extraída se producen 2.000 toneladas de residuos tóxicos.
Aunque estos impactos pueden minimizarse utilizando las tecnologías más avanzadas y reparando los daños con los métodos más eficaces, eso es sólo el principio.
Para Saksham Nijhawan, responsable de transición energética en Forum for the Future, los reguladores, inversionistas y consumidores examinan cada vez más las cadenas de valor y recompensan a las empresas que adoptan la responsabilidad social y medioambiental en todas sus operaciones.
“Tenemos que asegurarnos de que los minerales esenciales para la energía limpia defienden los principios de la transición justa, junto con la creación de cadenas de valor más circulares para la energía limpia desde el principio, de modo que pueda reducirse la demanda de minerales vírgenes”, afirma.
Los autores de la EEB sostienen que los grandes consumidores de minerales esenciales, como la UE, deberían centrarse en adoptar soluciones del lado de la demanda para reducir la necesidad de materias primas y, por tanto, de minería.
Esto incluye la eliminación progresiva de los productos de un solo uso y la adopción de un enfoque de economía circular, así como el fomento del uso de la bicicleta, las ciudades peatonales y el transporte público.
Pero para acabar de verdad con las zonas de sacrificio verdes, los autores creen que serán necesarios cambios sistémicos fundamentales para reducir drásticamente nuestro uso de materiales, incluido el decrecimiento.
“Nuestro sistema económico hace borrosa la línea que separa las necesidades y los deseos de la sociedad, partiendo del supuesto de que un mayor consumo material equivale a un beneficio social”, escriben.
“Estos modelos generan esencialmente la creencia de que resulta aceptable destruir el planeta para salvarlo. Difícilmente puede encontrarse una contradicción mayor”.
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