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La lucha por la justicia climática ha entrado en un nuevo terreno: los tribunales.
Los litigios climáticos son una herramienta cada vez más popular para que los grupos de activistas climáticos reclamen la responsabilidad de empresas y gobiernos frente a sus emisiones y políticas climáticas.
Según un informe reciente, se han presentado 226 nuevos casos estratégicos relacionados con el clima en los que los demandantes no sólo pretendían ganar su caso, sino también impulsar de forma amplia el movimiento a favor de la acción climática.
Hasta la fecha, el número total de casos estratégicos presentados asciende a 2.967 en casi 60 países, según el informe del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente.
En este artículo, veremos qué son los litigios climáticos, los distintos tipos de casos climáticos, las estrategias implicadas y los resultados hasta la fecha.
Los litigios climáticos suelen definirse como cualquier caso legal sobre la crisis climática, desde los que se enfocan en el cambio climático como problemática central, hasta los que no lo mencionan específicamente pero abordan la mitigación o la adaptación climática (como los que se interponen contra el fracking).
Uno de los primeros casos relacionados con el clima fue el que impugnó la decisión del gobierno federal estadounidense de no preparar una declaración de impacto ambiental sobre las normas de ahorro de combustible de automóviles en 1986.
Desde entonces, los litigios climáticos han evolucionado en tres oleadas.
La primera se inició en Australia y Estados Unidos en la década de 1980, cuestionando el hecho de que sus administraciones no tuvieran en cuenta las repercusiones climáticas de sus políticas.
En la segunda oleada, que comenzó en 2007 con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, se produjo un aumento significativo de las demandas contra gobiernos, especialmente en Europa.
La tercera y actual oleada se ha producido desde la firma del Acuerdo de París en 2015. En esta oleada, los litigios se han ampliado para incluir el activismo de accionistas de empresas y el uso de leyes constitucionales y de derechos humanos.
Más recientemente, los países del Sur Global y los activistas ambientales han pedido que los países ricos paguen por las pérdidas y daños climáticos, el cual ha sido un tema central en las últimas conferencias de la ONU sobre el clima.
Aunque los litigios y los daños y perjuicios se complementan, también adoptan enfoques diferentes: los litigios asignan la responsabilidad legal de las acciones, mientras que los daños y perjuicios pretenden obtener una compensación económica de los grandes emisores.
Aunque la gran mayoría de los casos se han iniciado contra gobiernos, desde 2015 se han presentado más de 250 casos estratégicos contra empresas o sus dirigentes, según el informe del Grantham Research Institute.
Los sectores a los que se dirigen están aumentando y ahora incluye sectores como la ganadería, la alimentación y el comercio minorista y los plásticos.
El informe también señala que el número de casos ha crecido rápidamente en el Sur Global, que ahora aporta alrededor del 9% de los casos estratégicos. Los casos se han concentrado sobre todo en las economías emergentes con grandes emisiones, como Brasil, Sudáfrica e India.
El impulso de los litigios ha ido creciendo desde 2020, y casi 60 países del Sur Global han visto litigios climáticos. Al contrario que en el Norte Global, más de la mitad de estos casos son iniciados por gobiernos, fiscales o reguladores.
También ha habido muchos casos que se centran en cuestiones adyacentes al clima más que en la propia crisis climática. Por ejemplo, en China se han registrado más de 500 casos relacionados con la protección de los sumideros de carbono, los contratos de transición energética y la regulación del mercado del carbono.
Estos casos no se incluyen actualmente en bases de datos de litigios climáticos globales como la citada en el informe; si así fuera, el número total de “casos climáticos” en todo el mundo podría ser mucho mayor.
El informe enumera algunos tipos comunes de estrategias utilizadas en litigios climáticos en todo el mundo.
Los casos de marco gubernamental cuestionan la ambición o el despliegue de la política climática de un gobierno y son un pilar central de los litigios climáticos.
Un ejemplo es Do-Hyun Kim y otros contra Corea del Sur. En este caso, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur consideró que los débiles objetivos de reducción de emisiones fijados por el gobierno para 2030 suponían una carga injusta para las generaciones futuras y ordenó modificar la ley.
Los casos de integración de consideraciones climáticas se centran en si un Estado u otro organismo no ha tenido en cuenta las repercusiones climáticas de sus políticas y acciones. Se trata de una estrategia habitual que se ha utilizado especialmente para obstruir proyectos de combustibles fósiles.
En Europa se han producido varias sentencias históricas, como la del Tribunal Supremo de Noruega, que suspendió la autorización de algunos yacimientos petrolíferos del Mar del Norte. En mayo, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio también emitió un dictamen consultivo en el que confirmaba que las emisiones de alcance 3 (distribución) de los proyectos entran en el ámbito de sus repercusiones y, por tanto, pueden ser objeto de litigio.
En los litigios en los que quien contamina paga, los demandantes sostienen que los demandados deben pagarles una compensación monetaria en función de su contribución a la crisis climática. Su principal argumento es que las empresas deben ser legalmente responsables de los efectos nocivos de sus emisiones.
Aunque en algunos casos se ha logrado responsabilizar a las empresas de daños medioambientales localizados, todavía no se ha encontrado a ninguna empresa responsable de los impactos climáticos globales.
En mayo, un tribunal alemán desestimó el muy sonado caso Lliuya contra RWE, en el que un agricultor peruano recusaba a la empresa energética alemana RWE por sus emisiones, que provocaban un mayor riesgo de inundaciones en su pueblo.
Sin embargo, el tribunal acordó que los grandes emisores de gases de efecto invernadero pueden, en principio, ser responsables de los daños causados por sus emisiones, sentando así un importante precedente jurídico.
Los casos de marco corporativo se dirigen a las estrategias de un conglomerado de empresas en su conjunto para hacerlas responsables de sus emisiones. En estos casos se suelen citar las normas de diligencia debida, el derecho de responsabilidad civil y las obligaciones en materia de derechos humanos.
Los tribunales se han abstenido en gran medida de imponer límites estrictos de emisiones a las empresas. En el caso Milieudefensie contra Shell de 2021, un tribunal holandés le había ordenado a la empresa de gas y petróleo Shell reducir sus emisiones en un 45% para 2030.
Sin embargo, un tribunal de apelación anuló la orden, alegando que no había consenso científico suficiente sobre el porcentaje concreto en que debía exigirse a las empresas que redujeran sus emisiones.
Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo neerlandés.
Los casos de falta de adaptación se dirigen contra entidades privadas o estatales por ignorar los riesgos climáticos previsibles. Mientras que la mayoría de los casos climáticos se centran en la mitigación, estos se centran en la adaptación.
Un ejemplo es el caso Assad contra Seu, en el que se acusó a una empresa de servicios públicos hawaiana de ignorar los riesgos de incendios forestales debido a la crisis climática y de no tomar ninguna medida significativa antes de los devastadores incendios forestales de Maui en 2023.
Los litigios por riesgos de transición son una nueva categoría de litigios que se dirigen contra empresas y fondos de pensiones por no tener en cuenta los riesgos climáticos y la posibilidad de activos bloqueados. En lugar de centrarse en el daño social, estos casos se refieren al riesgo de pérdidas financieras.
El año pasado sólo se presentó un caso: Kim Min et al. contra Kim Tae-Hyun et al. en Corea del Sur, que acusaba a la dirección del fondo nacional de pensiones del país de violar su deber fiduciario al no abordar los riesgos relacionados con el clima y no alcanzar sus metas de desinversión en carbón.
Los casos de blanqueo climático (climate-washing) son más comunes y se han utilizado contra empresas o gobiernos que se presentan, de forma inexacta, como más respetuosos con el clima de lo que realmente son.
Algunos argumentan que estas acciones legales corren el riesgo de fomentar el “silencio verde” (greenhushing), en el que las empresas reducen sus mensajes de sostenibilidad para reducir su responsabilidad. Otros creen que es algo positivo, ya que las empresas se ven obligadas a retractarse de falsas promesas de neutralidad en carbono.
Los casos de “cierre del grifo” pretenden alejar al sector financiero de los sectores con altas emisiones, argumentando que las decisiones de inversión deben tener en cuenta los riesgos climáticos.
Un nuevo caso importante es el de Milieudefensie contra ING, presentado ante el Tribunal de Distrito de Ámsterdam a principios de este año. Este caso alega que el banco neerlandés ING está incumpliendo su deber de vigilancia, según la legislación neerlandesa e internacional, al seguir financiando combustibles fósiles desde que se firmó el Acuerdo de París.
Los litigios climáticos han llegado a los tribunales internacionales. En julio, la Corte Internacional de Justicia emitió una histórica opinión consultiva según la cual los Estados son legalmente responsables de sus emisiones de gases de efecto invernadero y los perjudicados por la crisis climática podrían tener derecho a reparaciones.
Y en mayo de 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió una opinión consultiva según la cual los países están obligados a gestionar sus emisiones marinas de gases de efecto invernadero. Esto abre la vía a nuevas demandas para responsabilizar a los gobiernos de la reducción de sus emisiones marinas.
Sin embargo, el informe del Grantham Research Institute también señala que se han presentado demandas contra la acción climática. Especialmente en Estados Unidos, se trata de impugnaciones de las nuevas normas sobre divulgación de información climática y demandas contra etiquetas de sostenibilidad o compromisos voluntarios sobre el clima utilizando leyes antifiduciarias o antimonopolio.
Otros casos, denominados de transición justa o “verde contra verde”, se han presentado contra proyectos de mitigación o adaptación climática que podrían perjudicar a las comunidades locales o a la biodiversidad. Estos casos subrayan la necesidad de equilibrar mejor el clima y otros objetivos medioambientales, incluyendo las cuestiones de equidad.
A pesar de estos reveses, los litigios climáticos ya están teniendo repercusiones fuera de los tribunales y en las legislaturas.
Filipinas, por ejemplo, está elaborando el primer proyecto de ley de responsabilidad climática del mundo, cuyo objetivo es responsabilizar a las empresas de las pérdidas y daños climáticos que causan.
En Estados Unidos, los estados de Nueva York y Vermont han aprobado leyes de superfondo climático que pretenden facturar a las empresas de combustibles fósiles los costes de los desastres climáticos. Otros seis estados están considerando leyes similares a pesar de los desafíos legales de los grupos de presión corporativos y la administración Trump.
El objetivo es sencillo: encarecer las emisiones de los grandes emisores. Incluso el riesgo de enfrentarse a un juicio climático podría considerarse un incentivo para empezar a reducir las emisiones.
Aunque es demasiado pronto para saberlo, unos cuantos casos emblemáticos podrían bastar para obligar a las empresas a tomarse más en serio la crisis climática.
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