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La devolución de los derechos de tenencia de la tierra a las comunidades que habitan en los bosques durante el último cuarto de siglo ha conducido al desarrollo de iniciativas de inversión con efectos socioeconómicos positivos para los medios de subsistencia, de acuerdo con un investigador en el área.
Steven Lawry, líder del equipo de Igualdad de oportunidades, género, justicia y tenencia del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), demuestra mediante estudios de casos en Guatemala, Namibia, Nepal y México, cómo la propiedad y los derechos de exclusión proporcionan incentivos a las comunidades para manejar sus recursos de forma proactiva, conduciendo a una distribución equitativa de beneficios y resultados ambientalmente sostenibles.
“Estas son comunidades que no habían tenido derechos significativos – donde los gobiernos de independencia mantuvieron el modelo colonial de propiedad del Estado,” dice Lawry, quien presentó un artículo de investigación sobre el tema en la sede del Banco Mundial en Washington, DC.
“Las comunidades que viven en los bosques carecían de la habilidad de organizarse y crear organizaciones e instituciones”, dijo, explicando que la preparación para la inversión se desarrolla con el tiempo.
“Ahora tenemos una nueva arquitectura que está muy por delante de los gobiernos en términos de una mejora en la práctica.. Principalmente, estas son reformas dirigidas por el mercado y que conducen a mejores resultados que ahora están tomando forma”.
Durante el Simposio sobre Inversiones y Finanzas del Global Landscapes Forum,, bajo el título “Promoviendo la inversión en los paisajes sostenibles y la restauración” en Washington, los delegados discutieron sobre cómo las reformas de tenencia que dan a las comunidades derechos más fuertes sobre los bosques y otros recursos naturales atraen nuevas formas de inversión financiera en los negocios que usan estos recursos sosteniblemente.
TRANSFORMANDO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA
Lawry, quien encabeza el comité de conocimiento que diseñó el marco para la discusión en el foro, dice que su investigación evidencia que desde 1992, unos 20 mil grupos de comunidades usuarias del bosque han tenido acceso a derechos de tenencia de tierra en Nepal, por ejemplo.
Los derechos sobre la tierra han llevado a la aparición de una gama de iniciativas empresariales en ese país, incluyendo el procesamiento y comercialización de fertilizantes de biocomposteo, producción de madera y molienda, cosecha de citronela y pasto limón, y manufactura de aceites esenciales. De estos grupos de usuarios, una parte de los ingresos son canalizados a la restauración forestal, caminos, escuelas y centros de salud.
Adicionalmente, las comunidades locales, especialmente grupos de mujeres, han ganado una mayor independencia financiera y se han convertido en empresarias por derecho propio.
Los derechos sobre la tierra y los recursos crean ambientes listos para la inversión que evolucionan en etapas, dice Lawry. Primero, la propiedad colectiva proporciona a los miembros la seguridad de que se beneficiarán con los ingresos generados por el nuevo grupo y las empresas privadas. La gente local invierte sus propios ahorros en pequeños negocios, vivienda y otros bienes sociales.
En la región guatemalteca de Petén en la Reserva de la Biósfera Maya, las comunidades locales se han beneficiado desde mediados de los noventas, con arrendamientos de 25 años en tierras forestales para cosechar y comercializar madera de alto valor con elevados estándares de uso sostenible y certificado por el Consejo de Administración Forestal.
Como resultado, cada miembro de la comunidad recibe dividendos de las ventas de madera y el empleo se ha incrementado. La gente local también gana dinero a través de la caza regulada, la venta de productos forestales no maderables y la agricultura, explica Lawry, añadiendo que las tasas de deforestación son significativamente menores en las áreas adyacentes.
Además, los fondos han sido canalizados al mantenimiento de caminos, centros de salud, escuelas y otros servicios.
Un importante proyecto de manejo forestal dirigido por la comunidad y que involucra a 475 comunidades en México, ha dado como resultado la certificación de 40 bosques comunales y el manejo forestal sostenible de más de 1.5 millones de hectáreas de tierra. Las ganancias de las empresas comunitarias son reinvertidas comercialmente en nueva infraestructura maderera o para apoyar los servicios para la comunidad, incluyendo sistemas de agua potable y clínicas de salud. Las empresas comunitarias forestales en el estado de Oaxaca generan entre el 75 al 100 por ciento de los trabajos en la industria maderera. Estas inversiones han sido habilitadas gracias a una reforma a la ley forestal de 1985 y que permite a los ejidos (grupos comunitarios de tenencia de tierra) tener más derechos sobre los bosques locales.
Después de la independencia de Sudáfrica en 1990, el gobierno de Namibia estableció programas de manejo de recursos naturales para proteger mejor la vida silvestre. A las comunidades locales les fueron dados derechos claros sobre la vida silvestre y fueron enrolados para patrullar las tierras comunales y reportar a los cazadores furtivos dentro de más de 80 reservas comunitarias establecidas por la reforma. Las reservas ahora cubren casi el 20 por ciento del área de tierra del país.
“El programa de manejo de recursos basado en la comunidad de Namibia es ahora considerado uno de los ejemplos más exitosos en el mundo, con comunidades protegiendo la diversidad y obteniendo beneficios sociales y económicos a través del turismo”, dice Lawry.
Todos estos cuatro proyectos han recibido fondos semilla de varias agencias internacionales de desarrollo, incluyendo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como otras organizaciones internacionales de conservación como la Alianza para los Bosques y el Fondo Mundial para la Naturaleza.
PREPARACIÓN PARA LA INVERSIÓN
Para la operación comercial privada, invertir en ámbitos donde los derechos se ejercen colectivamente puede generar dudas; los casos exitosos han involucrado intermediarios que trabajan como corredores entre las comunidades y los negocios locales, dice Lawry.
“Invertir en ambientes donde los recursos son propiedad colectiva requiere que los inversionistas privados desarrollen la experiencia y un mejor entendimiento acerca de lo que se requiere para trabajar con negocios en este tipo de contextos”, añadió.
Una de las oportunidades que ofrece el reconocimiento de derechos es que un grupo de usuarios de un bosque comunitario o un grupo de propiedad toma la responsabilidad de las inversiones, porque actúa y habla en nombre del grupo titular de derechos.
“La devolución de los derechos activa nuevos tipos de acción a nivel local y crea condiciones para nuevas formas de inversión en las empresas comunitarias forestales”, dice.
La investigación de Lawry contó con el apoyo financiero del Programa de CGIAR sobre “Políticas, Instituciones y Mercados” (PIM por sus siglas en inglés) dirigido por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).
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