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La cumbre de este año sobre cambio climático (COP26) llegó a su fin, pero aún quedan en el tintero muchas preguntas sobre los acuerdos alcanzados por las 197 partes, así como sobre las promesas hechas por los gobiernos.
El Pacto Climático de Glasgow (GCP, por sus siglas en inglés) busca reducir progresivamente la incesante explotación del carbón como fuente de energía y poner fin a los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, al tiempo que más de 140 países se han comprometido a acabar con la deforestación para el año 2030.
El evento de dos semanas también fue escenario del fin de las disputas legales sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París, después de seis años de discusiones. Esto le ofrece a los países un marco para intercambiar créditos de carbono por medio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), como un mecanismo para reducir las emisiones.
Para despejar el panorama, Stephen Leonard, experto en leyes y políticas climáticas y asesor de CIFOR-ICRAF, nos comparte sus opiniones sobre estos y otros resultados que dejó la COP26.
El aumento en el financiamiento para apoyar a los pueblos indígenas es un paso hacia adelante, pero va a ser fundamental que una parte importante de ese financiamiento sea empleado en el fortalecimiento de capacidades y en el apoyo a las comunidades indígenas en el terreno. Esto permitirá garantizar que las comunidades entiendan plenamente la complejidad de los mercados de carbono, los derechos relacionados con el carbono, la tenencia y algunos de los otros aspectos legales complejos.
El GCP apoya parcialmente el compromiso en la medida que pone énfasis en la protección y conservación de los bosques y los ecosistemas. Sin embargo, se enfoca en los bosques y en los ecosistemas solamente en el contexto de la mitigación. El GCP no reconoce la importancia de la adaptación y la resiliencia de las comunidades que dependen del bosque para lograr esos esfuerzos. Medidas como asegurar la tenencia de la tierra ofrecen un apoyo significativo a la resiliencia de los pueblos indígenas para proteger los bosques, y tiene que haber un mayor reconocimiento en el contexto de la adaptación, o de la mitigación y adaptación de forma conjunta, dentro de la CMNUCC y fuera de ella.
Falta mucho para el 2030. Políticamente, significa otros 10 años de deforestación. Hubiese sido bueno si el compromiso hubiese indicado 2030 o antes. Vale la pena destacar que ni la evaluación de la Declaración de Nueva York sobre los Bosques (para los países que acordaron reducir a la mitad la deforestación para el 2020 y no deforestar más a partir del 2030) ni las metas identificadas ahí están en vías de alcanzarse. Por lo tanto, ¿por qué esperaríamos lograr detener la deforestación para el año 2030? Soy bastante escéptico en este aspecto, especialmente cuando algunos países están buscando adoptar un enfoque de “sumidero neto de carbono”, que en esencia significa que la deforestación continúa, pero es compensada por los esfuerzos de restauración y contabilizada en medidas de carbono. Una pregunta que tengo es si, por ejemplo, la restauración de las turberas –las cuales pueden almacenar importantes cantidades de carbono– puede utilizarse para compensar una cantidad equivalente de carbono emitida a consecuencia de la deforestación. Esto significaría una deforestación continua y masiva, compensada con esfuerzos mínimos de restauración de turberas.
Estaba esperando que más países apoyaran estos compromisos, así que más bien me sentí decepcionado. Si revisamos las promesas sobre transición energética, muy pocas naciones hicieron compromisos y los países clave no firmaron. Probablemente me sorprendió más lo que no estaba en los compromisos y los países que no apoyaron los compromisos. Hubo un énfasis importante en el carbón, pero no suficiente en otros combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Y las referencias al carbón “incesante” son problemáticas porque generan cuestionamientos sobre los incentivos para la captura y almacenamiento de carbono, la quema de biomasa y otras tecnologías, en lugar de impulsar la eliminación gradual de centrales eléctricas alimentadas con carbón.
El texto final nos ofrece buenas referencias para apoyar acciones para proteger, conservar y restaurar los bosques y otros ecosistemas, con la esperanza de incentivar y ampliar el financiamiento público para este tipo de actividades. Las referencias a las soluciones basadas en la naturaleza fueron removidas de la versión final, lo que, en mi opinión, es bueno.
Quienes proponen los mercados de compensaciones de carbono basados en la naturaleza estarían en desacuerdo conmigo. Dentro de la CMNUCC ha habido un énfasis en las soluciones basadas en la naturaleza, lo que ha creado mucha tensión y confusión en el contexto del cambio climático porque es básicamente el enfoque de la industria de los combustibles fósiles a las compensaciones de carbono. Tal vez el término solo debería dejarse ahí.
En lo que se refiere al Artículo 6, las referencias directas a REDD+ (un mecanismo para reducir las emisiones por medio de la gestión forestal) también fueron removidas en las versiones finales. Así que, por ahora, los bosques solo están incluidos si la actividad cumple con los estrictos criterios adicionales requeridos –refiriéndose a si las reducciones de las emisiones bajo el Artículo 6 son adicionales a lo que habría ocurrido de todas formas– y aplica la nueva línea base acordada bajo el nuevo mecanismo del Artículo 6. El potencial de ‘promesas vacías’ creadas por REDD+ ha sido significativamente limitado. El establecimiento del Comité de Glasgow de Enfoques No Basados en el Mercado abre un importante espacio para nuevos trabajos relacionados con los bosques y los ecosistemas, especialmente si contribuyen a la adaptación y a la resiliencia.
Stephen Leonard es un abogado internacional que asesora a diferentes organizaciones, incluyendo organismos de las Naciones Unidas y de la sociedad civil, sobre leyes y políticas climáticas. Tiene más de una década de experiencia en las negociaciones climáticas de la ONU y cuenta con conocimientos sobre financiamiento climático, con especialización en bosques y ecosistemas, así como en el Fondo Verde para el Clima. Es el fundador de la firma de consultoría internacional Rationale Advisors y forma parte del consejo de varias organizaciones legales cuyo enfoque es la justicia climática.
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